Echándole gasolina al fuego de #Ayotzinapa
No se resuelve lo de Ayotzinapa y ya hay más motivos para
agrandar la indignación de algunos sectores de la sociedad. Sobre todo el
sector estudiantil, que nuevamente ha
sido golpeado con la ejecución de la acción penal contra 11 personas que fueron
detenidas en las marchas del pasado 20 de noviembre en el Zócalo de la Ciudad
de México.
Según la Subprocuraduría Especializada en Investigación de
Delincuencia Organizada (Siedo) de la PGR; estás personas han sido trasladas a
los Penales de Perote en Veracruz (ocho hombres) y al Cefereso número 4, en
Tepic, Nayarit (tres mujeres).
Los cargos que se les imputan son “asociación delictuosa,
motín y homicidio en grado de tentativa”. Delitos graves, sobre todo el último,
por el que no alcanzan libertad bajo fianza y tendrán que estar presos mientras
se resuelve su situación jurídica.
Las condiciones en las que fueron detenidos siguen siendo
poco claras y no hay evidencia sólida que indiquen que todas estas personas detenidas
en diferentes momentos, a diferentes horas y en lugares alejados entre sí,
hayan tenido las mismas intenciones o hayan cometido esos delitos que se les
imputan.
Familiares de los detenidos han declarado públicamente que
los acusados tenían muestras de golpes, fueron obligados a declarar y aceptar
cargos en presencia de un abogado de oficio y algunas de sus declaraciones
fueron alteradas, como según lo informó proceso.com.
Cualquier que haya estado en una marcha importante, al menos
del 1 de diciembre de 2012 a la fecha, se ha podido percatar que los
“anarquistas” son un grupo sospechoso que nadie sabe de dónde salen, quién los
manda o quién los protege.
Una vez que pasan ellos, los granaderos y policías vestidos
de civiles arremeten contra el grueso de los manifestantes y aíslan a grupos
pequeños de personas o individuos solitarias y los someten de forma violenta.
Ha sucedido esto con periodistas, representantes de organizaciones derechos
humanos, gente muy adulta e incluso a familias con niños.
Esto ha sido una de las principales críticas al gobierno de
Miguel Ángel Mancera, que se le ha acusado de ser represor con las
manifestaciones sociales, como lo expresó el Frente por la Libertad de
Expresión y La Libertad de la Protesta social en un comunicado luego de los
eventos del 20 de noviembre.
“La práctica sistemática del Gobierno del Distrito Federal
de detener arbitrariamente a cualquier grupo de gente joven en contextos de
manifestaciones prenden focos de alerta: se caracteriza negativamente a los grupos
que protestan y se amenaza con el uso de la fuerza”, dijo este colectivo.
Lo mismo consideran los estudiantes de la Normal Rural de
Ayotzinapa, que luego de enterarse de la reclusión en penales federales de los
detenidos en las marchas, expresaron su indignación y consideraron que estas
acciones solamente tienen como fin “amedrentar a la sociedad”.
Pareciera que con estas acciones el gobierno federal cumple
su amenaza de que no van a permitir actos de violencia o que se afecte la paz
pública durante marchas o protestas sociales. “Hay interesados en daña la
libertad de expresión con actos vandálicos y eso no lo vamos a permitir”, dijo
Peña Nieto en uno de sus discursos recientes.
Bonito discurso pero ¿dónde están los violentos? ¿Los
estudiantes por su condición misma son violentos? ¿Qué intenciones –más allá de
los argumentos legales- puede haber en el hecho de mandar a penales federales
lejos de sus ciudades y familias, a estos estudiantes?
¿Y los “anarquistas”,
por qué nadie –ni policías del GDF ni federales- los detienen? ¿Será porque,
como dicen los rumores, es que son enviados por las mismas autoridades?
Apenas el pasado 11 de noviembre, un tribunal federal
concedió un amparo a favor de Joaquín “Chapo” Guzmán porque la PGR no pudo
demostrar que los hechos de su detención sucedieron como supuestamente lo
habían narrado los marinos que lo detuvieron en un edificio de Mazatlán
Sinaloa, el pasado 22 de febrero.
Es decir, de inventar cargos y fincar pruebas inexistentes
parece que es una de las especialidades de los ministerios públicos y policías
federales ministeriales. Pero esto no es
nuevo, ya tiene sus añitos y ha sido uno de los peores golpes en la
credibilidad de esta institución.
Ahora ya tenemos otro motivo más para estar indignados comosociedad y el caso Ayotzinapa sigue siendo un infierno para el gobierno
federal, que no encuentra la forma de revertir todos los efectos negativos que
ha producido a nivel mundial.
Incluso el presidente de Uruguay, José Mujica, declaró
recientemente a la revista Foreign Affairs Latinoamérica con respecto al caso
de los 43 estudiantes desaparecidos, que “es terrible que se caiga en ese tipo
de cosas. A uno le da una sensación, visto a la distancia, que se trata de una
especie de Estado fallido, que los poderes públicos están perdidos totalmente
de control, están carcomidos. Es muy doloroso lo de México”.
Se sigue golpeando a la comunidad estudiantil y esto puede
ser uno de los peores errores que comentan tanto el gobierno federal y el
gobierno del DF en esta vorágine de protestas e indignaciones que ha causado la
desaparición de estudiantes, que además evidencia –por más que lo quieran
negar- la vulnerabilidad del gobierno mexicano para poder prevenir estas
acciones y por el grado de corrupción e impunidad con el que opera el sistema
de justicia en México.
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