¿Engaña gobierno mexicano a la ONU en casos de tortura?

En febrero de este año, el gobierno mexicano respondió a las recomendaciones que le formuló el Comité contra la Tortura (CAT) de Naciones Unidas sobre el “alarmante aumento del uso de la tortura durante interrogatorios de personas sometidas a detención arbitraria” y la exigencia de “enjuiciar a los sospechosos y castigar a los culpables de tortura”.


Con un informe enviado a la instancia internacional, el estado mexicano señaló “que entre 2005 y 2013 se lograron 119 sentencias emitidas en el orden federal por tortura de conformidad con los registros del Consejo de la Judicatura Federal”

El 6 de julio de 2014, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C.., confirmó que este dato no es del todo cierto. “El Consejo de la Judicatura Federal nos informó que en realidad el número de sentencias condenatorias por tortura entre 2005 y 2013 es de cuatro, dos de ellas firmes”, informó el centro en un comunicado de prensa.

“Al parecer, la cifra de 119 corresponde a personas consignadas por tortura, no personas sentenciadas — una diferencia muy importante—, ya que la consignación consiste en una acusación de parte del Ministerio Público que puede o no dar lugar a un proceso penal, mientras la segunda es una determinación judicial que impone una sanción por este delito”, agrega el Centro Prodh.

Manipulación de cifras o métodos erróneos de conteo

Esa discordancia en los cifras y en su contexto es sumamente grave ya que por un lado, México es considerado como uno de los países en donde la tortura es una práctica sistemática y generalizada aplicada por todas las organizaciones e instituciones de seguridad y justicia.

Por el otro, confirmaría las dudas acerca de que el equipo de Peña Nieto en lugar de atender y resolver los problemas, prefiere maquillar las cifras, disfrazarlas o alterarlas con el fin de tener un impacto mediático favorable a su administración. Estas acusaciones vienen desde que era gobernador del Estado de México.

Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), del 2006 a la fecha han aumentado en un 500% las quejas por tortura presentada ante dicho organismo.

Temor a la tortura en México

Una encuesta elaborada por Amnistía Internacional presentada en abril de 2014 –como preámbulo a la puesta en marcha de la campaña “Stop Torture” en México Nigeria, Marruecos, Uzbekistán y Filipinas- el 64% de los mexicanos entrevistados tienen miedo a ser víctimas de tortura en caso de ser detenidos.

Apenas en mayo pasado, Juan E. Méndez, relator Especial de las Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos crueles, recorrió durante 12 días prisiones, centros de internamiento, estaciones migratorias y hospitales psiquiátricos de todo el país y concluyó que la tortura “es una especie de endemia” instaurada en todas las instituciones.

“Cuando digo generalizado es porque las denuncias que he recibido son de prácticamente todas las agencias que hay en este país. No hay corporaciones que se dediquen al arresto y detención de personas contra las que no haya recibido denuncias”, dijo Méndez.

Y agregó “La tortura se produce durante las horas de la detención, se producen en vehículos y casas de seguridad, durante traslados… y cesan en el momento en que el juez recibe la declaración de la indagatoria”.

Jefa del Cártel de Jalisco Nueva Generación

Casos como el de Claudia Medina Tamariz ejemplifican esto. Ella es originaria de Veracruz y fue detenida junto con su esposo Isaías Flores Pineda, por elementos de la Secretaría de Marina en 2012. Fueron llevados a la base naval de esa entidad y durante 36 horas recibió amenazas, asfixia, descargas eléctricas y tortura sexual por parte de elementos de la Marina.

Decidió “autoinculparse” luego que le aseguraron que le harían daño a sus hijas. Fue llevada a la PGR junto con su esposo y fue presentada ante los medios como “jefa del Cártel de Jalisco Nueva Generación”.

El 19 de agosto el Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Veracruz con sede en Boca del Río, le dictó auto de formal prisión por los delitos de “portación de arma de fuego exclusiva, posesión de cartuchos y contra la salud”.

Luego de levantar denuncias en la CNDH y con el apoyo de Amnistía Internacional y Centro Prodh, Claudia Medina logró su libertad bajo caución, pero su caso quedó como evidencia de la manera en que México se crean culpables por parte de las autoridades para justificar su trabajo.

Descrédito social de las instituciones

Entre manipulación de cifras, fueros institucionales, omisiones de las autoridades y del gobierno mexicano; la tortura sigue siendo una de las principales herramientas para encontrar culpables.

A la vieja usanza de las dictaduras y sistemas totalitarios; los policías, soldados, marinos y agentes de investigación siguen provocando una época de terror que contradice las palabras de los funcionarios en donde aseguran que somos “un México moderno y democrático”.

Esta es la justicia mexicana. Si no encontramos a los culpables entonces los creamos, pareciera ser la filosofía de las instituciones encargadas de la seguridad de los ciudadanos. Por eso no se denuncia, no se confía en las autoridades y no se cree en el gobierno ni en los políticos.


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